Vol.
46

138
2020
Magliano

La periferia autoconstruida: migraciones, informalidad y segregación urbana en Argentina

María-José Magliano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Córdoba, Argentina.

María-Victoria Perissinotti. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Córdoba, Argentina.

resumen | El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la profundidad histórica de la problemática del acceso al espacio urbano por parte de migrantes sudamericanos, en especial bolivianos, paraguayos y peruanos, en la Argentina contemporánea. Con base en una metodológica cualitativa y recuperando los aportes teóricos de la perspectiva de la autonomía de las migraciones, el texto reconstruye las continuidades en el “pensamiento de Estado” que tiende a asociar a cierta migración con el incremento de problemas habitacionales. Al mismo tiempo, muestra la capacidad de agencia que tienen las poblaciones migrantes en torno a la producción social de hábitat, argumentando que las trayectorias migrantes en las ciudades expresan no solo formas de segregación espacial, sino también la existencia de un “urbanismo subalterno” que organiza y estructura la vida y la cotidianidad de un amplio conjunto de la población.

 

palabras clave | segregación, periferia urbana, migración.

 

abstract | This paper intends to reflect on the historical depth of the problem of access to urban space by South American migrants, especially Bolivians, Paraguayans and Peruvians, in contemporary Argentina. Based on a qualitative methodology and considering the theoretical contributions of the perspective of the autonomy of migration, this study reconstructs certain continuities in the “State thought” that tends to associate certain migration with the increase of housing problems and, at the same time, shows the capacity of agency of the migrant population regarding the social production of habitat. Hence, urban migrant trajectories express not only forms of spatial segregation, but also the existence of a “subaltern urbanism” that organizes and structures the daily life of a large group of migrant population.

 

keywords | segregation, urban periphery, migration.

Recibido el 28 de agosto de 2018, aprobado el 3 de marzo de 2019.

E-mails: M.-J. Magliano, mariajosemagliano@gmail.com | M.-V. Perissinotti, ciecs@ciecs-conicet.gob.ar

Introducción

El objetivo de este artículo es indagar en la profundidad histórica de la problemática del acceso a las ciudades por parte de migrantes sudamericanos, en especial bolivianos, paraguayos y peruanos, en la Argentina contemporánea. Asimismo, busca mostrar que las trayectorias habitacionales de estas personas expresan no solo formas de segregación espacial, sino también la existencia de un “urbanismo subalterno” (Roy, 2011) –entendiendo que la subalternidad no solo es un atributo general de subordinación, sino también una teoría de la agencia (Roy, 2011, p. 227)– que organiza y estructura la vida y la cotidianidad de un amplio conjunto de la población. Las reflexiones presentes en este texto comenzaron a cobrar forma en 2017, cuando distintos medios de comunicación hicieron público un proyecto del Ejecutivo nacional que, bajo la premisa de la necesidad de “descentralización” como un requisito para el “desarrollo” del país, proponía un programa de relocalización de migrantes, internos y extranjeros, que habitan las periferias urbanas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense (Dinatale, 2017). Dicha propuesta se enmarca en el “Proyecto para reorientar los flujos migratorios de Argentina”, un plan que, según se puede advertir en los discursos y declaraciones de los principales funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (dnm), viene cobrando importancia a la luz de una serie de imágenes sociales y discursos políticos que tienden a asociar “la presencia urbana de población migrante –de cierta inmigración, la de los grupos que ocupan las posiciones más bajas en las jerarquías étnicas consolidadas por los relatos nacionales argentinos– con el incremento de problemas habitacionales” (Marcos & Mera, 2018, p. 57). Nos referimos a aquellas representaciones negativas sobre la migración en Argentina que, desde discursos xenófobos y racistas, estigmatizan a los migrantes sudamericanos culpabilizándolos por el supuesto crecimiento de las villas y asentamientos en nuestro país (Grimson & Caggiano, 2012; Marcos & Mera, 2018; Mera & Vaccotti, 2013). Si bien el proyecto no se ha formalizado aún, su circulación llama la atención sobre el modo en que las formas de acceso a la ciudad por parte de la población migrante constituye una temática de preocupación para el Estado; preocupación que puede rastrearse desde fines del siglo xix y comienzos del siglo xx en el contexto de la inmigración europea, y que se ha reactualizado en distintos momentos históricos en el transcurso del siglo xx hasta la actualidad, ya orientada a la migración sudamericana. Es desde esta preocupación que se ha ido implementando un conjunto de medidas a tono con la visión que concibe ciertas migraciones como un “problema”, y determinadas presencias migrantes como “no deseadas”.

Una de esas medidas tuvo lugar en 1977, cuando el presidente de facto boliviano Hugo Banzer (1971-1978) y el intendente de la Municipalidad de Buenos Aires, brigadier Osvaldo Cacciatore (1976-1982), nombrado por el dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), firmaron un programa de repatriación destinado a las familias bolivianas que vivían en “villas de emergencia”1 de Buenos Aires. Este programa se adoptó en el marco de un plan más amplio que había comenzado en la década de los sesenta y que se reconfiguró en los años setenta con la última dictadura militar (1976-1983), durante la cual “se implementaron erradicaciones y traslados compulsivos de familias residentes en villas de la Ciudad de Buenos Aires” (Di Virgilio, 2015, p. 660). En un escenario fuertemente restrictivo tanto en Argentina como en Bolivia, la erradicación de las villas y la relocalización de su población en términos de repatriación, se convirtieron en una respuesta política a mano, portadora de formas de disciplinamiento y control de la población que habitaba estos espacios urbanos (Cravino, 2018).2 En un contexto político sustancialmente diferente, la emergencia en pleno siglo xxi de un proyecto de relocalización de la población migrante que habita los asentamientos bonaerenses pone de relieve algunas similitudes en ese “pensamiento de Estado” que tiende a asociar, sistemáticamente, cierta migración con el incremento de problemas habitacionales.3

Recuperando los aportes teóricos de la perspectiva de la autonomía de las migraciones, buscamos reflexionar críticamente sobre los sentidos históricos de la “inclusión diferencial” (Mezzadra & Neilson, 2016) de la población migrante sudamericana en Argentina, a través del examen de sus formas de acceso a los espacios urbanos y circulación en ellos. La idea de “inclusión diferencial” supone que las fronteras entre la inclusión y la exclusión son confusas, en tanto la inclusión en una esfera, una sociedad o un ámbito puede estar sujeta a variantes grados de subordinación, reglas, discriminación y segmentación en un ámbito determinado (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 245). Debido a trayectorias laborales históricamente marcadas por la precariedad y la informalidad, un amplio conjunto de las poblaciones migrantes sudamericanas –conjuntamente con las internas– ha encontrado importantes dificultades de acceso a los espacios urbanos en general y a la vivienda en particular. En tal sentido, proponemos que la segregación espacial funciona como una forma de inclusión diferencial, moldeando no solo la biografía, sino también la vida cotidiana de las personas migrantes. En el marco de los constreñimientos que estos procesos de inclusión diferencial suponen para el acceso a la vivienda de esta población, aparecen estrategias de resistencia que los propios actores despliegan en pos de validar una presencia que fue configurada desde sus inicios como “problemática”. Estas estrategias de resistencia para el acceso a la ciudad se vieron materializadas en formas de apropiación y construcción del espacio que atraviesan a un amplio conjunto de las clases subalternas de América Latina: la autoconstrucción o “producción social del hábitat” (Ortiz Flores, 2012). Al igual que un gran porcentaje de la población urbana de nuestro continente, el grueso de los migrantes sudamericanos –principalmente bolivianos, paraguayos y peruanos– que habitan en la Argentina contemporánea reside en asentamientos informales ubicados en las zonas periféricas de las ciudades que, en su mayoría, han sido construidos por ellos mismos.

En términos metodológicos, este artículo se basa en la combinación de dos estrategias cualitativas. En primer lugar, recurrimos al análisis de contenido (Cáceres, 2003) de un corpus documental conformado por un conjunto de políticas públicas, artículos periodísticos, declaraciones mediáticas y material de divulgación relativo a los dos proyectos en los que indagamos. Con respecto al acuerdo de repatriación entre Argentina y Bolivia, analizamos: a) el conjunto de políticas implementadas por ambos gobiernos durante las décadas de los sesenta y setenta, hasta el momento en que entra en vigencia el acuerdo de repatriación; b) los discursos públicos que ofrecieron quienes estaban en la toma de decisiones en ese contexto histórico y la información periodística que circulaba en los medios de comunicación de la época; y c) el spot publicitario que anunciaba y promocionaba el acuerdo de repatriación. Con respecto al “Programa de orientación de flujos migratorios internos”, retomamos: i) los discursos públicos y declaraciones mediáticas realizadas por los funcionarios de Migraciones desde enero de 2017 a septiembre de 2018, recopilados a través de la sección de acceso abierto del portal web de la dnm; y ii) la información periodística que replicaron los principales diarios del país. En segundo lugar, el texto se nutre de un trabajo de campo etnográfico que realizamos desde 2012 en dos asentamientos ubicados en la periferia de la ciudad de Córdoba (Argentina), construidos mayoritariamente por migrantes de origen sudamericano. En términos de Rockwell (2009), entendemos por etnografía aquellas investigaciones que “parten de la experiencia prolongada del [investigador] en una localidad y de la interacción con quienes la habitan” y que “producen, como resultado de un trabajo analítico, un documento descriptivo […] en el cual se inscribe la realidad social no documentada y se integra el conocimiento local” (p. 25). Con vistas a construir este tipo de conocimiento, durante el trabajo de campo nos valimos principalmente de dos técnicas de recolección de datos: la observación participante y las entrevistas en profundidad.

El artículo se organiza en tres apartados. El primero busca reconstruir ciertas continuidades en el “pensamiento de Estado” en torno a la articulación entre migraciones y espacio urbano, a partir de analizar el acuerdo firmado entre la ciudad de Buenos Aires y Bolivia para la repatriación de migrantes que habitaban las villas en la década de los setenta, y las visiones más actuales sobre dicha articulación. El segundo se propone reflexionar sobre la profundidad histórica de la informalidad que afecta a las poblaciones migrantes en Argentina y que se expresa en sus formas de acceso a los espacios urbanos y circulación en ellos. El tercero da cuenta de las potencialidades y desafíos que comporta la producción social del hábitat, pensada en términos de un “urbanismo subalterno” (Roy, 2011).

Del programa de repatriación al proyecto para reorientar los flujos migratorios

Desde mediados del siglo xx se intensificó la migración interna y limítrofe hacia las principales ciudades argentinas, fenómeno que no solo respondió a las crisis de las economías regionales y a las innovaciones tecnológicas, sino también al crecimiento de la demanda de trabajadores para ciertas ocupaciones –en general informales y mal pagas– de carácter urbano. Así, los migrantes de origen sudamericano (provenientes especialmente de Paraguay, Bolivia y Perú) que han arribado desde ese entonces a la Argentina se han caracterizado por poseer, en general, un acceso marginal y reducido al mercado laboral, segmentado por factores de género, étnicos, de clase y raciales. Esta configuración dio como resultado que estos migrantes se insertaran específicamente en aquellos sectores del mercado de trabajo que se distinguen por su precariedad. El empleo doméstico remunerado, el trabajo textil, la construcción, la fabricación de ladrillos, la producción hortícola en los cinturones verdes y la venta ambulante, constituyen las ocupaciones que acogen a un amplio conjunto de esta población (Bastia, 2007; Courtis & Pacecca, 2010; Gago, 2014; Magliano, 2017; Rosas, 2010). Estas trayectorias laborales fuertemente marcadas por condiciones de informalidad han dejado a las personas migrantes en una situación de desventaja y vulnerabilidad para el acceso a derechos; entre ellos, el de la vivienda. En las grandes ciudades del país esto se tradujo en una tendencia creciente: la virtual imposibilidad de estos colectivos migratorios de acceder al mercado inmobiliario formal y su concentración en espacios urbanos segregados en los cuales “la población de origen migrante […] se encuentra sobrerrepresentada” (Vaccotti, 2014, p. 48). En el marco de este escenario, distintas estrategias habitacionales que podríamos denominar como de autoproducción, o “producción social del hábitat” (Ortiz Flores, 2012), emergieron entre estas poblaciones como un modo de hacer efectivo su derecho a la ciudad. La construcción de villas y asentamientos como espacios posibles para habitar las ciudades se destaca entre las estrategias de más larga data.

El crecimiento de población en estas áreas urbanas se convirtió en una preocupación para el Estado, materializándose en la adopción de una serie de leyes que buscaron erradicar las villas de los espacios urbanos a nivel nacional. Así, en 1964 se implementó el “Plan de vivienda para erradicar villas de emergencia” (Ley 16601) y, en la década siguiente, se avanzó con una Ordenanza Municipal en la Ciudad de Buenos Aires: el “Plan Integral de Erradicación de Villas de emergencia y asentamientos poblacionales precarios o transitorios”. Si bien dicho plan fue anunciado públicamente en distintos medios en 1976, la ordenanza que facultaba a la Municipalidad de Buenos Aires para ponerlo en práctica (Ordenanza N.º 33.652) fue sancionada el 13 de julio de 1977, cuando en la ciudad se organizaban los preparativos para el mundial de fútbol previsto para 1978 (Snitcofsky, 2008, p. 5). Fue en este contexto que se avanzó específicamente en un programa de repatriación de migrantes bolivianos que habitaban las villas. Si bien no se puede dar una cifra exacta de la cantidad de bolivianos que residían en esos espacios antes del acuerdo, debido a que fueron censadas en distintos meses y años, se calcula que en este período alrededor del 20% de la población total era de origen boliviano (Mugarza, 1985, p. 100).

El spot de la televisión pública argentina en el que se anunciaba el programa expresaba que “necesidades de reordenamiento edilicio determinaron un amistoso acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Consulado General de la República de Bolivia, el que determinó el feliz retorno de varios contingentes de ciudadanos bolivianos a distintas ciudades de su patria”.4 En ese mismo registro, siempre con música festiva de fondo, la propaganda mostraba imágenes de familias bolivianas viajando en tren desde la estación de Retiro en Buenos Aires hasta la de Villazón en Bolivia, pues para hacer efectivo el programa, se contó con la participación activa de Ferrocarriles Argentinos, así como de la Dirección Nacional de Migraciones en Argentina (Mugarza, 1985, p. 101). La voz del locutor del spot oficial de la televisión pública confirmaba que “Cochabamba, La Paz, Oruro, muchos otros nombres podrían entrar en la lista de las ciudades que se unieron a los festejos dando cordial bienvenida”, y remataba: “esta gente retorna a su patria para aplicar los conocimientos adquiridos en esta República Argentina. Sin lugar a dudas, podrán aportar su imaginación y espíritu de sacrificio en la proyección y desarrollo de Bolivia. La hermandad latinoamericana es posible”. Quien les dio la bienvenida a los migrantes que fueron repatriados fue el propio presidente de Bolivia, Hugo Banzer. En un discurso ofrecido desde el Palacio Quemado, señaló:

Hermanos bolivianos, hoy más que nunca la patria que los vio nacer se siente feliz y alborozada al recibir en su regazo a sus hijos que por la fuerza de las circunstancias del pasado se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización más allá de nuestras fronteras.

Si bien el programa era presentado como “amistoso”, su firma de ninguna manera colocaba a las dos partes –la Municipalidad de Buenos Aires y el Estado boliviano– en igualdad de condiciones para su elaboración e implementación. Esto supone reconocer que el proceso de relocalización y repatriación, para el caso de los bolivianos, fue una decisión unilateral de la Municipalidad de Buenos Aires con el aval del gobierno argentino, luego aceptada –no sin tensiones– por el gobierno de Bolivia. Asimismo, la visión armoniosa del programa parece perder de vista que, en los hechos, la relocalización implicaba el traslado forzoso y compulsivo de la población, tanto migrante como nativa, porque habitaban las “villas de emergencia” que se buscaba erradicar. En este sentido, la visión de los medios de comunicación oficiales esconde una cuestión central: la concepción del Estado respecto de las personas que habitaban esos espacios. Debido a su condición de clase y a su adscripción étnico-racial, esas personas engrosaban el colectivo de la población “no deseada”. Era –y aún lo es– “no deseada” también debido a las formas de acceso a la ciudad; formas que, al apropiarse del espacio urbano a partir de la ocupación del terreno, impugnaban y desobedecían los “derechos de propiedad” (Harvey, 1993) en un proceso de movilidad que se inicia a mediados del siglo xx en el marco de las migraciones internas hacia las grandes ciudades.

Aunque en sus inicios el programa de relocalización y repatriación de migrantes bolivianos generó controversias con Bolivia en relación con el trato discriminatorio que recibían las personas de esa nacionalidad (Dandler & Medeiros, 1991), luego se llegó a un acuerdo entre ambos Estados. Fue así como, desde el gobierno de Bolivia, se terminó alentando el “retorno” de migrantes. En ese país, el programa encajaba con un contexto político en donde se establecía la necesidad de “retornar” a los ciudadanos bolivianos que vivían en el exterior.5 Para su concreción, cada parte asumía determinadas responsabilidades: mientras que el gobierno boliviano permitiría importaciones sin impuestos y prometía terrenos para edificar casas en Cochabamba, créditos para la construcción y la obtención de empleo; el gobierno argentino se comprometía a solventar el transporte a cambio de que los emigrantes entregaran sus documentos de residencia. Según indican Dandler y Medeiros (1991, p. 51), bajo este programa regresaron aproximadamente mil familias, pero el gobierno boliviano no cumplió con la totalidad de los compromisos asumidos. En cambio, el gobierno argentino fue mucho más “eficiente” en su propósito. Según cifras oficiales, en 1976, cuando comenzó a plantearse la relocalización, unas 213.823 personas habitaban las “villas de emergencia” de la ciudad de Buenos Aires, mientras que en 1983 ese número bajó hasta alcanzar las 12.593, mostrando que más de 200.000 personas fueron desalojadas durante este período (Snitcofsky, 2008, p. 5). Una gran parte de esas personas comenzó a poblar los asentamientos del conurbano bonaerense, mientras otras regresaron a sus provincias o países de origen (Jauri, 2011), como sucedió con un importante número de migrantes bolivianos que residían en estos espacios.

Ahora bien, pese a que muchos de quienes vivían en las villas fueron relocalizados y, en el caso de los migrantes, repatriados, la migración boliviana hacia Argentina se mantuvo, convirtiéndose en el segundo origen de la población extranjera residente en el país para el año 2010. Al igual que aquellos migrantes repatriados en la década de los setenta, los bolivianos que arribaron en las décadas siguientes continuaron enfrentando serias dificultades para acceder al mercado inmobiliario formal. Así pues, en las principales ciudades del país, estos migrantes siguieron compelidos a dirigirse hacia villas y asentamientos de la periferia urbana, conjuntamente con personas provenientes de Paraguay y Perú –la primera y tercera corriente migratoria residiendo en el país para el año 2010–. Allí, las dinámicas de producción social del hábitat que exploraremos en el siguiente apartado se convirtieron en la principal herramienta para acceder a una vivienda y hacer efectivo el derecho a la ciudad.

Como señalan diversos autores (Grimson & Caggiano, 2012; Marcos & Mera, 2018; Mera & Vaccotti, 2013, p. 186), estas dinámicas han generado ciertas construcciones discursivas que sostienen que en Argentina existiría una “inmigración ‘descontrolada’ y portadora de formas de precariedad habitacional”. Dicho en otras palabras, se han generado representaciones e imágenes sociales reproductoras de un sentido común que evalúa la migración sudamericana como un problema de la agenda pública frente al cual sería necesario desplegar respuestas políticas. Es en este contexto que se enmarca el “Proyecto para reorientar los flujos migratorios de Argentina”, dentro del cual la propuesta de relocalización de migrantes, internos y extranjeros, que viven en villas y asentamientos bonaerenses, puede pensarse como una cristalización de estos discursos. Si bien el proyecto aún no se ha formalizado, desde principios de 2018 hemos podido rastrear, en las declaraciones de los principales funcionarios de la dnm, constantes referencias a la necesidad de orientar los flujos migratorios hacia “las zonas donde la Argentina necesita” (las cuales son siempre fuera de las grandes ciudades). Así por ejemplo, el 5 de mayo de 2018, en el marco de un acto institucional de la dnm, el titular de esa cartera, Horacio García, expresaba:

Empecemos a pensar en serio en la orientación de los flujos migratorios, éste es el desafío [...]. Migraciones radicó en dos años y medio a 520.000 personas. Es una cifra muy importante. Pero el 83% de esa cantidad, se radicó en Capital [Federal] y en el primer cordón bonaerense. Eso no le sirve a los migrantes, porque las posibilidades de plasmar sueños son mucho menores, ni tampoco le sirve a la Argentina. Por eso, sin dudas, este es el gran desafío que tenemos todos.6

Algunos días antes, en un discurso pronunciado en otro acto oficial, el mismo funcionario se había referido a esta cuestión en los siguientes términos:

Queremos avanzar en la orientación de los flujos migratorios hacia los lugares donde la Argentina necesita trabajo genuino y mano de obra capacitada y de quienes llegan sin capacitación [...]. Tenemos que estar dispuestos a abrirle la puerta a los migrantes y mostrarles dónde su trabajo va a ser más productivo en la Argentina. Sabemos que concentrar recursos humanos en la Capital Federal y en el primer cordón bonaerense ha sido un rotundo fracaso de 70 años de falta de política migratoria.7

Un discurso similar fue retomado en las declaraciones que el delegado de la dnm regional Córdoba realizó en el acto de celebración del Día del Inmigrante, el 4 de septiembre de 2018, y que pudimos registrar durante nuestro trabajo de campo. En sintonía con las declaraciones formuladas por su par nacional, el funcionario regional expresó:

Es necesario volver a poner la política al servicio del fenómeno migratorio, dado que nuestro país se creó, se formó y creció marcado por la migración y la llegada de todos aquellos extranjeros que eligieron este territorio. Por esto ahora asumimos un nuevo desafío, que es el de orientar y administrar los flujos migratorios a través de los lugares donde se necesita mano de obra, donde el talento de los migrantes puede ser aprovechado […]. Por eso nos estamos ocupando de coordinar con los estados provinciales y municipales una política más inteligente que atienda las necesidades de un mercado laboral, que tenga en cuenta la distribución espacial de los habitantes y la situación de las economías regionales, pensando en los movimientos migratorios de origen interno y externo.

De algún modo, la reactualización, siempre latente, de los discursos en torno a la relocalización de ciertas poblaciones apunta a la invisibilización de quienes son constituidos como “no deseados”. Enmarcados en un relato que resalta los beneficios de determinadas migraciones, se trata de “moverlas” hacia aquellos lugares, dentro y fuera del país (como sucedió en los setenta con los migrantes bolivianos), donde no “incomoden”.

En tal sentido, y sin ánimos de realizar un análisis comparativo,8 podemos observar ciertas continuidades en la mirada desde la cual se concibe la presencia migrante en el espacio urbano: una mirada de tipo coyuntural que asocia diversas problemáticas relacionadas con la ciudad –como la vivienda, el espacio, la inseguridad, la informalidad, entre otras– a los migrantes sudamericanos, sin contemplar la complejidad que estructura las migraciones, tanto internas como internacionales, en materia de acceso al hábitat y la vivienda. En los próximos apartados indagaremos en esa complejidad, buscando reflexionar sobre la profundidad histórica de la segregación habitacional que afecta a las poblaciones migrantes en Argentina y que se expresa en sus formas de acceso y circulación por los espacios urbanos; formas que han configurado un “urbanismo subalterno” que abreva entre la informalidad y la agencia.

Migración y segregación urbana en Argentina: una mirada de largo alcance

Desde hace algunos años, la relación entre migraciones sudamericanas y acceso a la vivienda ha cobrado un interesante dinamismo en el campo de estudios migratorios local. Una serie de estudios focalizados especialmente en el período de auge neoliberal que se inicia a partir de la década de los noventa, ha mostrado en extenso la gran cantidad de dificultades que las personas provenientes de países como Bolivia, Paraguay y Perú tienen que enfrentar en su acceso a la ciudad (Gago & García Pérez, 2014; Gallinati, 2015; Magliano, Perissinotti, & Zenklusen, 2014; Marcos & Mera, 2018; Mera & Vaccotti, 2013; Perissinotti, 2016 y 2017a; Portes, Roberts, & Grimson, 2008; Vaccotti, 2014 y 2017). Estas investigaciones revelaron que una gran proporción de migrantes sudamericanos que viven en las grandes ciudades de Argentina experimentan “formas de inserción habitacional deficitarias, lo que da cuenta de un proceso de vulneración de derechos hacia un amplio sector de la población” (Marcos & Mera, 2018, p. 58). Al hacinamiento, la precariedad de las viviendas y la irregularidad en la tenencia de las tierras en las que viven muchas de estas personas (Mera & Vaccotti, 2013), se les suman otras dificultades relativas a la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica y el gas natural.9

En efecto, una investigación basada en el censo de 2010 (Marcos & Mera, 2018) señala que, en Buenos Aires, “4 de cada 10 personas nacidas en países limítrofes o el Perú padece algún tipo de déficit habitacional; situación que solo afecta a alrededor de 1 de cada 10 personas del total de la ciudad” (p. 70). Ese mismo estudio señala que “una alta proporción de migrantes nacidos en países limítrofes o en el Perú (casi tres de cada 10) residen en urbanizaciones de origen informal”, dato que “da cuenta de una marcada relación entre inmigración y pobreza en Buenos Aires, y refleja la existencia de condiciones de acceso a la vivienda excluyentes hacia ciertos grupos, para muchos de los cuales la única forma de asentarse pasa por tales alternativas de hábitat informal” (p. 76). Para el caso de Córdoba, otra investigación basada en los datos del censo 2010 (Molinatti & Peláez, 2017) muestra que la población boliviana y peruana residente en la ciudad se encuentra en condiciones de segregación habitacional, viviendo mayoritariamente en zonas periféricas del noreste y suroeste de la ciudad y “en condiciones residenciales deficientes” (p. 9). Según esta investigación, más del 36% de las personas provenientes de estos países habita en casas constructivamente inadecuadas, el 40% de sus viviendas no tiene acceso a servicios básicos, y casi el 16% de los hogares presenta hacinamiento. Todos estos índices se encuentran por encima de los valores promedio del total de la ciudad.

Poniendo en diálogo las preocupaciones relativas al contexto más actual con medidas adoptadas en otros momentos históricos, proponemos restituir una mirada que, sin desconocer las especificidades que el escenario neoliberal les imprime a las dificultades que los migrantes sudamericanos deben enfrentar para acceder a la vivienda, recupere la historicidad de la informalidad que ha marcado la vida de un amplio conjunto de las diversas poblaciones migrantes en la Argentina, expresada en las múltiples barreras para obtener un lugar donde vivir. Buscamos mostrar, entonces, cómo los clivajes de raza, clase social, origen nacional y género, entre otros, son constitutivos de las experiencias espaciales y habitacionales que involucran a la población migrante en Argentina, dando lugar a formas concretas de inclusión diferencial (Mezzadra & Neilson, 2016). Es decir, los modos en que el acceso a la ciudad por parte de la población migrante se han visto históricamente atravesados por fronteras internas que crean y recrean formas de subordinación, discriminación y segmentación.

Apelando a una mirada de largo alcance, vale referir que ya los migrantes europeos que llegaron a la Argentina a fines del siglo xix y comienzos del xx enfrentaron condiciones de precariedad en su inserción espacial a las ciudades (Devoto, 2003; Otero & Pellegrino, 2004; Pascual, 2017; Suriano, 1983). En aquel momento histórico, los conventillos –las casas de inquilinato que se encontraban alejadas de las zonas centrales y que resultaron los lugares de arribo de un importante conjunto de esa población– se convirtieron en una expresión de las desigualdades en el acceso al espacio urbano. También estos modos de inserción fueron objeto de políticas públicas restrictivas: según indica Pascual (2017, p. 240), la erradicación de los conventillos estaba respaldada por un consenso político generalizado a comienzos del siglo xx, bajo un discurso higienista que enmascaraba la violencia estatal detrás de una supuesta “garantía sanitaria” que bregaba por mejorar las condiciones de vida de las personas que habitaban esos espacios.

A partir de la década de 1930, con el crecimiento de la migración interna y regional a las ciudades, comenzaron a surgir en Buenos Aires otras formas de hábitat popular, como las urbanizaciones sobre tierras vacantes, conocidas luego como “villas de emergencia”. Según señala Di Virgilio (2015), a fines de esa década los migrantes desocupados (internos y externos) comenzaron a asentarse en Puerto Nuevo (Villa Esperanza) y Villa Retiro a partir del emplazamiento de casillas precarias y la construcción estatal de viviendas transitorias. En un comienzo, el asentamiento en estos espacios era pensado como una solución de carácter momentáneo. Sin embargo, agrega la misma autora, “con el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones y con la crisis económica, se convirtió en una solución habitacional de carácter permanente” (p. 670). Así, en las décadas venideras, estos espacios se transformaron, al decir de Ratier (en Pacecca, 2010, p. 80), en el “lugar de destino de la migración”: constreñidos por dificultades económicas derivadas de sus inserciones laborales precarias e informales y ante la falta de políticas públicas de vivienda, los migrantes internos y externos que llegaron a las grandes ciudades entre las décadas de los cuarenta y setenta no tuvieron otra alternativa que instalarse en las villas.

Posteriormente, durante la década de los ochenta, cuando las tomas de tierra para la construcción de asentamientos en la zona sur del conurbano bonaerense se consolidaban como una estrategia de acceso a la ciudad para los sectores más desfavorecidos económicamente, los migrantes sudamericanos se reorientaron hacia allí, llegando a constituir el 20% de la población total de esos espacios (Merklen, 1997). Sucede que, “el mercado informal de tierra y vivienda constituye el principal canal de acceso de los sectores populares” (Di Virgilio, 2015, p. 652), sectores a los que históricamente han pertenecido los migrantes sudamericanos en Argentina. Y lo mismo podría decirse para los demás países de nuestro continente: como muestran Rodríguez, Rodríguez y Zapata (2018, p. 130), “la toma de tierras y la consolidación de villas y asentamientos es un proceso social –no estatal– de producción de origen no mercantil de la provisión de bienes urbanos necesarios para la vida, que ha caracterizado históricamente el proceso de crecimiento y desarrollo de las ciudades latinoamericanas”. De hecho, según estimaciones realizadas por el informe 2016 de un Hábitat, se calcula que para el 2014 más 100 millones de personas en América Latina residían en asentamientos populares, lo que implica “condiciones de concurrentes déficits, como ser de servicios básicos, de infraestructura, equipamientos y vivienda” (Zavattiero, 2016, p.120).

Podemos decir entonces que, lejos de lo que algunos discursos sociales y políticos plantean, la relación entre migración y segregación urbana no constituye una cuestión novedosa. Ahora bien, este reconocimiento, como señalan Mera y Vaccotti (2013, p. 179), no supone asumir una relación unívoca entre un fenómeno y otro, ya que, cuando se realiza, esta asociación tiende a cargarse “de sentidos perniciosos que esencializan y culpabilizan a [los migrantes] de procesos sociales que los trascienden”, alimentando actitudes de estigmatización. Por el contrario, la relación entre los procesos migratorios provenientes de los países sudamericanos y el asentamiento de estas poblaciones bajo modalidades informales de empleo y habitación, se inscribe en un contexto histórico de larga data, que conjuga trayectorias laborales fuertemente precarizadas con “un mercado inmobiliario excluyente [y con] un Estado que no ha logrado implementar políticas habitacionales de carácter integral, que solucionen el problema del acceso al suelo” de los sectores populares, sean estos migrantes o nacionales (Mera & Vaccotti, 2013, p. 195). En este sentido, quizás sea necesario referir que, aunque la población migrante se encuentre sobrerrepresentada en villas y asentamientos, no es esta población la que nutre mayoritariamente esos espacios. Por ejemplo, en Córdoba, para el año 2010 solo el 0,5% de los habitantes de villas era de origen boliviano y solo el 0,9%, peruano; el resto estaba compuesto por residentes “nativos” (Molinatti & Peláez, 2017). Es decir, no es tanto que las villas y asentamientos estén conformados mayoritariamente por migrantes, sino que estos espacios son los lugares donde mayor concentración de migrantes se puede observar. Como sostiene Margulis (García, 2011, p. 96), las ciudades argentinas no han logrado acoger plenamente a los migrantes.

Así pues, señalar la compleja relación entre migración y segregación urbana permite dar cuenta de la profundidad temporal de este fenómeno: un importante conjunto de los migrantes, internos y externos, han enfrentado históricamente constricciones materiales para el acceso a la vivienda. Constricciones que encuentran su base en un “pensamiento de Estado” que ha configurado a ciertos flujos migratorios como “problema”. Constricciones que, en su historicidad, vienen obligando a estas personas a desarrollar una serie de estrategias para garantizar su acceso a la ciudad. A través de esas estrategias, incluso si atravesados por una fuerte segregación, los migrantes desempeñan un rol decisivo en la construcción de las ciudades. Valiéndonos del concepto de “urbanismo subalterno” y de su invitación a pensar contra las narrativas “apocalípticas y distópicas” (Roy, 2011, p. 224) que ven en espacios como las villas y los asentamientos únicamente lugares de privación y desposesión, nos interesa poner de relieve toda la capacidad de agencia que esos espacios condensan.

Acceso a la ciudad: entre la informalidad y la agencia

Desde hace más de seis años venimos realizando trabajo de campo etnográfico en los barrios Pueblos Unidos y Los Artesanos, dos asentamientos populares ubicados en zonas periféricas de la ciudad de Córdoba y habitados casi en su totalidad por migrantes provenientes de Perú, Bolivia y Paraguay. Siguiendo la categorización que propone Ortiz Flores (2012), ambos espacios podrían considerarse como urbanizaciones creadas a partir de procesos de “producción social del hábitat”. Con este concepto, y recuperando gran parte de la literatura latinoamericana en relación a este tema, el autor se refiere a “todos aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro” (Ortiz Flores, 2012, p. 73). Como señalan diversas investigaciones (Azuela de la Cueva, 1993; Di Virgilio, 2015; Di Virgilio & Rodríguez, 2013; Zavattiero, 2016), la producción social del hábitat se mantuvo históricamente como una alternativa para que los sectores populares de América Latina pudiesen acceder a la vivienda. En contextos caracterizados por altos índices de precariedad laboral, “parte importante de la población se ve obligada a producir social y directamente su hábitat, orientados por la lógica de necesidad” (Rodríguez, Rodríguez & Zapata, 2018, p. 130). En los países del sur global, un 50% de las viviendas y componentes del hábitat ha sido producido y distribuido mediante mecanismos de autoproducción (Ortiz Flores, 2012, p. 73).

A pesar de las especificidades relativas a cada contexto particular (Azuela de la Cueva, 1993), la producción social del hábitat en América Latina posee algunas particularidades: en general, los asentamientos se construyen a partir de ocupaciones colectivas e individuales que, con el apoyo de distintas organizaciones civiles y ong, van generando progresivamente las condiciones básicas para residir y habitar esos espacios. Los procesos de construcción de asentamientos populares que hemos registrado durante nuestro trabajo de campo guardan correspondencia y similitud con estas características: a lo largo de los seis años que han pasado desde que comenzamos a asistir regularmente a Pueblos Unidos y Los Artesanos, hemos visto cómo los migrantes que empezaron a habitar esos espacios transformaron, con su trabajo y esfuerzo, terrenos baldíos en barrios habitables. Este proceso comenzó con la apropiación de predios (en su mayoría, fiscales), el desmalezamiento, la marcación de lotes y la construcción de casillas informales que garanticen la ocupación del espacio (Magliano, Perissinotti, & Zenklusen, 2014; Perissinotti, 2016). A través de avisos informales entre “compatriotas”, los migrantes pusieron a jugar sus redes migratorias (Pedone, 2010) para lograr el acceso y la circulación en la ciudad. Con el correr del tiempo, las casillas informales se fueron convirtiendo en casas de material noble (principalmente, cemento y ladrillos) y la precariedad de las ocupaciones fue menguando, llegando a contar actualmente con redes de agua potable y luz eléctrica. Asimismo, ambos espacios fueron adquiriendo legitimidad gracias al trabajo de demanda de derechos que llevan adelante, cotidianamente, muchos de los habitantes de esos barrios. Un trabajo que, sin solución de continuidad con el de aquellos migrantes de mediados del siglo xx que registran los trabajos de Di Virgilio (2015), Merklen (1997) y Ratier (en Pacecca, 2010), ha configurado, a partir del ejercicio directo de ciudadanía y democracia, lo que podríamos denominar un “urbanismo subalterno”.

Siguiendo la propuesta de Roy (2011), entendemos que esta categoría resulta fértil, aún con sus limitaciones, para comprender las formas en que gran parte de la población del sur global accede a la vivienda. Como señala la autora, la perspectiva del urbanismo subalterno nace como un paradigma que busca interrogar y echar luz sobre las formas de agencia popular implicadas en la construcción de espacios tradicionalmente señalados como “barrios marginales”. En la búsqueda por evitar los prejuicios asociados a aquellas miradas que, o bien ignoran o bien demonizan estas formas de urbanización, dicha perspectiva da cuenta de los asentamientos populares como terrenos de habitación, medios de subsistencia, autoorganización y participación política, buscando “conferir reconocimiento a espacios de pobreza y formas de agencia popular que a menudo permanecen invisibles y descuidadas en los archivos e investigaciones de la teoría urbana” (Roy, 2011, p. 224). En contraposición a las lecturas simplistas que se encuentran a la base de las representaciones e imágenes sociales que asocian migración y déficit de vivienda, la perspectiva del urbanismo subalterno nos permite reconocer en esa periferia urbana autoconstruida y habitada, mucho más que privación, informalidad, pobreza y problemas habitacionales.

Articulando los esfuerzos del urbanismo subalterno con las propuestas de Chatterjee (2011) y de Harvey (2008), sostenemos entonces que los procesos de producción social del hábitat que tienen como protagonistas a migrantes sudamericanos que habitan en las grandes ciudades de Argentina, pueden leerse en términos del trabajo político socialmente necesario para garantizar su derecho a la ciudad. Como señala Chatterjee (2011), en las democracias emergentes del mundo contemporáneo, no todos los ciudadanos gozan de iguales posibilidades para ejercer sus derechos. Por el contrario, las poblaciones subalternas (“los gobernados”, dirá el autor), son solo “tenuemente e, incluso, ambigua y contextualmente, portadores de derechos ciudadanos en el sentido imaginado por la Constitución” (Chatterjee, 2011, p. 216). Ahora bien, eso no quiere decir que los “gobernados” se encuentren excluidos de la política. Quiere decir, en todo caso, que la política popular debe apelar, en los hechos, a otras relaciones con el Estado, que el autor define como el conjunto de prácticas a través de las cuales las personas les dicen a sus gobernantes cómo quieren ser gobernadas. Es en este proceso, señala, que la ciudadanía se constituye en “sociedad política”. La organización y la coordinación de acciones colectivas directas para demandar al Estado el cumplimiento de los derechos cívicos formal y socialmente consagrados como fundamentales (tales como el derecho a la vivienda para el caso que aquí nos ocupa) constituyen los medios por excelencia de la sociedad política. En efecto, durante nuestro trabajo de campo hemos podido advertir que la construcción de estos asentamientos demanda a sus residentes un trabajo cotidiano permanente que excede la toma de terrenos propiamente dicha. Antes y después de esta acción, los vecinos debieron organizar colectivamente distintas acciones en pos de tornar esos terrenos habitables: desde asambleas barriales y limpiezas colectivas hasta reuniones con funcionarios estatales, manifestaciones y marchas para reclamar por sus derechos (véase Perissinotti, 2017b). ¿Qué son todas estas acciones, este esfuerzo al que una y otra vez se refirieron nuestros interlocutores, sino la lucha colectiva político-social que el ejercicio del “derecho a la ciudad” demanda (Harvey, 2008)?

Ahora bien, siguiendo la propuesta de Roy (2012) acerca de cómo utilizar analíticamente los postulados del urbanismo subalterno, aún resta una aclaración por hacer. Llamar la atención sobre todo aquello que estos modos de autoconstrucción del espacio encierran no implica, de ninguna manera, realizar una reivindicación acrítica de estas prácticas. De hecho, como hemos podido observar a lo largo de nuestro trabajo de campo, la presencia “adelgazada” y “economizada” del Estado (De Marinis, 2011) se hace sentir en el transcurrir cotidiano de los habitantes de estos espacios. Así, por ejemplo, es común que durante los días de verano escasee el agua, o que los días de invierno se desborden las precarias conexiones eléctricas. Asimismo, las calles de tierra suelen inundarse a la primera lluvia, puesto que no existen desagües que faciliten el drenaje. Por esas mismas calles, es difícil que ingrese una ambulancia o un móvil policial, dada su fisonomía. En este sentido, reconocer la agencia implicada en los procesos de autoconstrucción del espacio que desde la segunda mitad del siglo xx tienen como protagonistas a migrantes sudamericanos en las ciudades argentinas no implica desconocer estas dificultades. Supone, en todo caso, reconocer las formas creativas en las que estos sujetos, varones y mujeres (como miembros de las clases populares), han sabido responder al adelgazamiento del Estado. Esta articulación –tensa, aleatoria– entre constreñimientos y resistencias muestra que “existe una constelación de mundos autónomos erigidos combativamente y en cuyo interior se afirma siempre, de mil maneras diferentes, una férrea indisponibilidad hacia cualquier gobierno de los hombres y las cosas, hacia el planning como proyección y rentabilización totales de la realidad” (Consejo Nocturno, 2018, p. 8, énfasis en el original).

Consideraciones finales

En mayo de 2017, la circulación en los medios de comunicación de un proyecto del Ejecutivo nacional para la relocalización de habitantes de villas y asentamientos del conurbano y ciudad de Buenos Aires llamó nuestra atención, en tanto se enunciaba como explícitamente destinado al traslado de migrantes, internos y externos. Indagando en esta cuestión, encontramos que no era la primera vez que en Argentina se intentaba llevar adelante una política semejante, sino que en otras oportunidades se implementaron medidas en ese tono. Una de ellas resultó el programa de repatriación firmado en 1977 entre la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno boliviano, el cual tenía como propósito central erradicar a la población de este origen que vivía en las “villas miseria” de la capital. Reconociendo entonces que las formas de acceso a la ciudad por parte de la población migrante sudamericana han constituido una preocupación para el Estado desde mediados del siglo xx (antes lo había sido la migración europea que llegaba a determinadas zonas urbanas), en este artículo buscamos visibilizar la profundidad histórica de esa problemática. En esa tarea, pudimos comenzar a reconstruir un “pensamiento de Estado” que, en distintos contextos y bajo formas diferentes de gobierno, ha mantenido cierta estabilidad en el modo de pensar políticamente la articulación entre migración y problemáticas habitacionales.

Asimismo, dimos cuenta de que, en el marco de procesos de inclusión diferencial, el acceso a la ciudad se vio condicionado por fuertes restricciones –en especial relacionadas con modos de inserción laboral marcados por la precariedad y la informalidad– y, a la vez, por formas de agencia que los propios migrantes desplegaron en pos de validar una presencia cuestionada en términos sociales y políticos. Formas de agencia que se materializan en procesos de autoconstrucción de los espacios urbanos subalternos.

Para finalizar, lo que nos interesa resaltar en este trabajo –y que está en la raíz de nuestra perspectiva teórica y política– es que la presencia de un amplio conjunto de la población migrante sudamericana en villas y asentamientos informales de las ciudades argentinas no se debe a una condición natural vinculada con el origen nacional y la adscripción étnico-racional; al contrario, es consecuencia de los efectos de un “pensamiento de Estado” que, con relativa estabilidad y persistencia, ha configurado una serie de visiones en torno a aquellas personas concebidas como “no nacionales” –incluyendo aquí no solo a ciertos extranjeros, sino también nativos–, que han permeado formas concretas de discriminación o, mejor dicho, de inclusión diferencial, y que se manifiesta en determinadas trayectorias laborales, educativas, espaciales, políticas. Se trata, en todo caso, de evitar caer en la mirada coyuntural que parece primar en las políticas y programas analizados, a partir de nutrirla del espesor y de la profundidad histórica que estos procesos encierran.

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1 Las “villas de emergencia” son urbanizaciones informales surgidas en la década de 1940, producto de ocupaciones de tierra urbana vacante, que –entre otras características– producen tramas urbanas irregulares; cuentan con una buena localización en relación con los centros de producción y consumo (Vaccotti, 2017), están principalmente localizadas sobre terrenos fiscales, no poseen servicios públicos básicos y están en general altamente pobladas.

2 Cabe señalar que un proceso similar se dio en distintas favelas de Brasil durante la década de los setenta, también en plena dictadura militar. Para ahondar en esos procesos, véase Pedretti (2018).

3 Retomamos la categoría “pensamiento de Estado” de Sayad (2010), quien insistía en la estrecha relación entre el hecho de la inmigración y el hecho nacional o estatal, siendo el primero siempre pensado en el marco de los Estados nacionales. La inmigración, según Sayad (p. 387), constituye el límite de lo que es el Estado nacional. El “pensamiento de Estado”, en tal sentido, se estructura en torno a categorías “nacionales” y, por ende, “no nacionales”, que se traducen en formas de discriminación para las poblaciones migrantes.

5 Este contexto se vio plasmado en el Decreto-Ley de Inmigración ١٣.٣٤٤ sancionado en Bolivia en 1976. Para un análisis en profundidad de la política migratoria boliviana en perspectiva histórica, véase Domenech y Magliano, 2007.

6 Dirección Nacional de Migraciones /Noticia, 5 de julio de 2018 / “García en el lanzamiento de un informe sobre migrantes”. En http://www.migraciones.gov.ar/accesible/novedad.php?i=4156

7 Dirección Nacional de Migraciones / Noticia, 24 de mayo de 2018 / “Se celebró el aniversario de la Revolución de Mayo”. En http://www.migraciones.gov.ar/accesible/novedad.php?i=4070

8 El programa de repatriación, así como el proyecto mencionado, son recuperados a modo de ejemplo para reflexionar sobre cierta estabilidad del “pensamiento de Estado”, pero no reconstruyen la totalidad de las políticas, programas y proyectos implementados para dar respuesta a la concentración de los migrantes en áreas concretas de las ciudades.

9 La relación entre migraciones internacionales y segregación urbana no es privativa de Argentina; por el contrario, se da también en otros países de América Latina. El caso de la migración peruana en Santiago de Chile es, tal vez, el que mayores similitudes presenta con el caso aquí abordado (véase Arias, Moreno, & Núñez, 2010; Ducci & Rojas Symmes, 2010; Margarit Segura & Bijit Abde, 2014; Torres & Hidalgo, 2009).

vol 46 | no 138 | mayo 2020 | pp. 5-23 | artículos | ©EURE

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Magliano, M., & Perissinotti, M. (2020). La periferia autoconstruida: migraciones, informalidad y segregación urbana en Argentina. Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales, 46(138).